viernes, 24 de septiembre de 2010

El segundo PlanE y su normativa en la nueva Guardería Municipal

 
Como casi todos sabréis, el Gobierno Central, a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto Ley 13/2009 (más conocido como el segundo Plan E), concedió una ayuda de 168.756,00 euros para la construcción de la nueva Guardería Infantil de Algueña. Este importe se aprobó por resolución de 22 de febrero de 2010 y cubrirá el 100% de los gastos.
 
El proyecto prevé la rehabilitación de tres de las seis antiguas viviendas de los maestros para convertirlas en un centro educativo infantil que dispondrá de varias aulas, despachos, cocina y un gran comedor.
 
La fecha límite de ejecución de las obras es el 31 de diciembre de 2010, pudiendo prorrogarse un máximo de 6 meses y, según la adjudicación que tuvo lugar el pasado 7 de junio, la empresa encargada de su realización será Construcciones Pajobi, S.L.
 

Pero además de dar toda la anterior información sobre la naturaleza de la ayuda, lo que más nos ha sorprendido (aunque cada vez menos), es que el equipo de Gobierno del Partido Popular vuelva a bordear la ilegalidad al incumplir con lo establecido en la normas de desarrollo del citado segundo Plan E. En concreto, en el artículo 8 de la Resolución de 2 de noviembre de 2009 se dice que:

1. En los proyectos de obras financiados con cargo al Fondo deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyenda «Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local –Gobierno de España» desde el inicio de las obras hasta tres meses después de la fecha del acta de recepción de las mismas.

(…)

5. El incumplimiento de la obligación a la que se refiere el número 1 del presente apartado será causa de reintegro de los recursos recibidos con cargo al Fondo, de acuerdo con lo previsto en el real decreto-ley.”
 
¿A qué se refiere dicho artículo? Muy fácil, si no existe el cartel anunciador del Plan E es posible que el Ayuntamiento tenga que devolver o simplemente deje de recibir la ayuda de 168.756,00 euros, y que por tanto, tengamos que pagar la obra de nuestros bolsillos. Solamente podemos esperar que no sea el caso, ya que con independencia de que se considere más o menos útil dicho cartel, cuando se solicita una ayuda hay que someterse a la norma que la regula, no habiendo excusas para su incumplimiento.
 
Como muestra de este “olvido”, a continuación os dejamos algunas fotografías de la obra realizadas el día 20 de septiembre (hacer clic sobre las fotos para ampliar).
 
 


 
 
 
 
 
 Estado actual de las obras. Fuente: propia                                                                 

martes, 21 de septiembre de 2010

Recortan fondos de agricultores y pescadores para pagar la visita del Papa

 
En pleno mes de agosto (en concreto el 16 de agosto), con nocturnidad y alevosía, la Generalitat publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana un baile de las partidas presupuestarias del 2010 que dejó varios beneficiarios y damnificados. Las numerosas modificaciones presupuestarias que se aprobaron suman un importe de algo más de 400 millones de euros
¿Y qué tienen estas modificaciones de particular? Pues revisándolo con un poco de detenimiento se puede descubrir hasta que punto llega la hipocresía del gobierno de Camps. Y es que en una de esas modificaciones se conceden dos millones de euros más a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, organizadora de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 (y que está siendo investigada dentro de la trama Gürtel) y, al mismo tiempo (y como reverso oscuro), se produce una disminución de los fondos destinados a los pescadores y agricultores valencianos. En concreto, una disminución de dos millones de euros del programa de "Ordenación y mejora de la producción pesquera", que queda reducido a únicamente 300.000 euros. Y un recorte de cinco millones en la partida destinada a mejorar las oficinas comarcales de la Consejería de Agricultura.
La decisión del Gobierno de Francisco Camps, como no puede ser de otra forma, ha generado malestar en ambos sectores, que no viven precisamente sus mejores días.  Según la Unió de Llauradors "este es un hecho que demuestra la nula implicación y la falta de compromiso de cara a los agricultores y ganaderos valencianos por parte del Consell" y remarca que "el sector primario aún está pendiente del cobro de ayudas y atraviesa una gran crisis de rentabilidad sin que la Administración agraria valenciana establezca políticas y medidas correctores".
Y es que parece que es más importante atender a las inmensas deudas generadas por la visita del Papa y por las empresas de la trama Gürtel que dar una atención adecuada a nuestros agricultores y pescadores. Por tanto, estas modificaciones presupuestarias son otra prueba más de los graves problemas de liquidez del Consell y de su falta de sensibilidad social (como ya se puso de manifiesto en el artículo La Generalitat Valenciana al borde del colapso).

viernes, 17 de septiembre de 2010

La cuota mensual de la Guarderia Municipal aumenta más de un 60%

 

De 48 € a 80 € de una sola vez. Esa es la subida con la que el Ayuntamiento de Algueña ha sorprendido, nada más terminar el verano y empezar el curso escolar, a los padres y madres de Algueña que han llevado a sus hijos a la Guardería Municipal. De poco importa que algunos de ellos, lamentablemente, estén en el paro; o que otros, precisamente para poder trabajar, necesiten dejar a sus pequeños al cuidado de los profesionales de la guardería. Nos dirán que es un servicio que en un pueblo pequeño como éste cuesta mucho de mantener y que con esa importante subida el déficit que arrastre será menor. Pero por eso precisamente, por ser un servicio público necesario que beneficia al pueblo, esta brutal subida tiene aún menos razón de ser. Desde la Agrupación Socialista de Algueña consideramos que la educación y cuidado de nuestros hijos no puede depender en ningún momento de un asunto de ganancias o pérdidas económicas.

 

Sorprende, además, que esta medida la haya adoptado quien ha sido durante muchos años presidenta del AMPA y ahora concejal de Educación, además de alcaldesa; pero sobre todo, madre, y que por tanto conoce el esfuerzo que acarreará en estos tiempos a cada familia perjudicada esta desmesurada medida.

 

El Partido Popular, en su programa electoral de 2007, decía que “Los niños son el pilar de nuestro progreso”. ¿Es así, con esta espectacular subida, como quieren demostrarnos esa importancia?

 

Además, se va a dar la circunstancia que, gracias al segundo PlanE del Gobierno de España pronto podremos tener una nueva guardería sin ningún coste para el pueblo de Algueña gracias a la aportación del Estado de 168.756 euros. ¿Es casualidad que nuestro Ayuntamiento decida “celebrar” esta importante obra con esta subida en la cuota mensual?
 


martes, 7 de septiembre de 2010

La Generalitat Valenciana al borde del colapso

 
Lo que viene a continuación son (tristes) ejemplos de la situación a la que nos ha llevado el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana con su incapacidad para gestionar fondos públicos. Dicha incapacidad ha provocado que se dispare la deuda hasta niveles desconocidos y que existan graves problemas de liquidez para sufragar los gastos corrientes. Leerlo porque no tiene desperdicio.
 
El pasado día 20 de julio, funcionarios de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad recibieron a primera hora de la mañana el aviso de que hicieran copias de seguridad de la tarea que estaban realizando con el ordenador y que lo apagaran. También aparecieron carteles en los ascensores que recomendaban que se usaran las escaleras. Rápidamente, corrió el rumor entre los trabajadores de que Iberdrola iba a cortar la luz por impago. El corte no se produjo y la calma volvió al edificio de siete plantas que aloja, muy cerca del estadio de Mestalla, al consejero, Manuel Cervera, y sus directores generales. Fuentes de la consejería admitieron que ese mismo día hubo una reunión con representantes de la compañía eléctrica.

Una semana antes, el 12 de julio, Iberdrola cortó el suministro a las estaciones de tranvía de Terra Mítica y Benidorm, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Esa empresa acumula deudas de 1.130 millones de euros a proveedores, algo que no es fácil de comprobar porque la opacidad en el funcionamiento de esas empresas es notable.

También la última semana de julio, un operario de una compañía eléctrica se presentó en los juzgados de Llíria con la orden de cortar el suministro. Hubo sofocos, carreras, lamentos, incredulidad y llamadas a la dirección general de Justicia. Finalmente, la consejería, que debe, según los sindicatos, más de un año de facturas de servicios básicos, logró un aplazamiento y los juzgados, de momento, tienen luz. En el nuevo edificio de la Fiscalía en Elche, los propios trabajadores tienen que traer de casa el papel higiénico por falta de presupuesto.

Los problemas de liquidez de la Generalitat se han instalado en la agenda diaria. Así, 160 trabajadores temporales del Instituto Valenciano del Discapacitado (Ivadis), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, no habían cobrado la nómina de junio ni la paga extra. El problema se resolvió después de hacer pública la denuncia, aunque UGT indicó que, además de los trabajadores, a la empresa que se ocupa del catering en el Ivadis se le llegó a adeudar un millón de euros.

El día 23 fue el turno de Ràdio Televisió Valenciana. La última hornada de 70 becarios que entraron hace casi dos meses aún no habían cobrado los 1.000 euros del mes de junio, según denunció CC OO. Este mismo ente acumula una deuda de más de 1.200 millones de euros, obligando a la Generalitat a hacerse cargo de la misma y de sus intereses. Como ejemplo destaca la millonaria deuda que mantiene con la productora de su serie de mayor éxito, L'Alquería Blanca. Y es que, en el periodo 2001-2008, su audiencia cayó un 37% al mismo tiempo que las pérdidas se incrementaban un 83%.

Las tensiones financieras de la Generalitat no son ningún secreto -la publicación de la cuenta general ha revelado que cerró 2009 con un déficit de tesorería de 1.500 millones de euros y más de 2.133 millones pendientes de pago- y afectan a todos los departamentos, aunque quienes pagan el pato son los proveedores, los contratistas, los usuarios y los servicios públicos en general. Los proveedores sufren retrasos de hasta dos años para cobrar de la Administración autonómica. Los contratistas se han quejado en más de una ocasión. A finales de 2009, los promotores reclamaban cerca de 1.000 millones por certificaciones de obra pública. Entre los usuarios, destaca el caso de los padres de alumnos, que tuvieron que hacerse cargo a principio de curso del pago de los gastos de comedor escolar para que después la consejería modificara el régimen de funcionamiento.

La valenciana es una de las administraciones más endeudadas de España. La más endeudada en términos porcentuales respecto al PIB (un 15,1%), y la segunda en cifras absolutas, con 15.356 millones de euros, según el Banco de España. Si el cálculo se hace a partir de los datos de la cuenta general, el retrato es todavía más negro, ya que la Generalitat Valenciana tiene gastos comprometidos que rondan los 30.000 millones de euros.

El gobierno de Francisco Camps y el PP valenciano aprobaron unos presupuestos autonómicos para 2010 de 14.393 millones de euros que, por primera vez, eran superados por la deuda autonómica. El PP presumió de presupuestos sociales con recorte de impuestos, pero se preocupó también de establecer, en la Ley de Acompañamiento, la caja única para poder hacer frente a los problemas de tesorería que venía arrastrando. Sonado fue el caso de los abogados de oficio, que llegaron a hacer manifestaciones para conseguir que la Generalitat les pagara. Las universidades valencianas, que se ven obligadas a recurrir a préstamos para hacer frente a las nóminas, vieron cómo la Consejería de Educación les pagaba los retrasos in extremis el pasado mes de enero. A lo largo de estos últimos meses, la opinión pública ha asistido atónita a la protesta de las sociedades musicales, que no han dudado en sacar a las bandas de música a la calle para protestar por los recortes del 35% en las aportaciones que recibían del Consell (NOTA: el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algueña ha presentado una moción relativa a las sociedades musicales que está pendiente de debatirse en el próximo pleno. Ver texto de la moción).

La Consejería de Sanidad es un ejemplo de los problemas del Gobierno de Camps para hacer frente a los gastos corrientes. Según los cálculos de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que agrupa a medio millar de compañías, la Generalitat tarda en pagar a las empresas que le sirven productos una media de 402 días, muy por encima de la media estatal de 276. Pero, además de pagar tarde, debe mucho más dinero que el resto de las autonomías. Sólo tiene por delante a Andalucía. Muchas empresas han acudido a los tribunales para reclamar a la Administración que liquidara su deuda. Entre los años 2006 y 2009, Sanidad sumó 576 condenas por no haber pagado 193.614 facturas. La cifra total adeudada y que ha tenido que pagar por sentencia firme ascendió en este periodo a 424,8 millones de euros, a los que hay que sumar otros 51,9 en intereses de demora, lo que representa 476,7 millones. Esta cantidad es superior al coste del mega hospital de 1.000 habitaciones individuales que la Generalitat ha construido en el barrio de Malilla de Valencia y que tomará el testigo a partir del mes de octubre a la antigua ciudad sanitaria La Fe. Un mega hospital que tiene problemas también con el concurso de mobiliario porque no es fácil encontrar a alguien que quiera asumir el coste de un contrato tan grande sin saber cuándo va a cobrar.

Buena parte de estos problemas tienen que ver con el déficit endémico en Sanidad, especialmente grave en la Comunidad Valenciana. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada presentado a finales del año pasado reflejó que la Generalitat fue la responsable entre los años 2003 y 2007 del 25% de toda la deuda estatal del área sanitaria. Los números rojos acumulados por la Administración valenciana durante este periodo (el más reciente del que se dispone de datos) alcanzaban los 2.764 millones de euros frente a la suma de los distintos déficits autonómicos, que ascendió a 10.843 millones. El estudio mostró cómo la Generalitat había incurrido en un exceso de gasto del 13% respecto a sus presupuestos, el doble de la media española. Las denominadas facturas en el cajón ascendían, según la Sindicatura de Comptes, a 846 millones hasta 2004.

Otra de las parcelas en la que la falta de liquidez persigue a los gestores es la relativa a los servicios sociales. El hecho de que la financiación de la Ley de Dependencia sea compartida por las autonomías y el Gobierno se ha traducido en una ralentización de su puesta en marcha en la Comunidad Valenciana para no tensar más el delicado estado de las cuentas públicas. Distintos indicadores refuerzan esta tesis. La Comunidad Valenciana ha estado siempre por debajo de la media estatal en la tramitación de las solicitudes de este tipo de ayudas. Pero, además, es de las que más tarda en proporcionar las prestaciones una vez reconocido el derecho de las personas a percibirlas. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, mientras ya hay reconocidas 76.828 personas con derecho a recibir ayudas de la Dependencia, solo las perciben de forma efectiva 46.094. Las 30.734 restantes llevan entre tres y seis meses esperando que la Generalitat pague su prestación por cuidados familiares, la ayuda a domicilio o el servicio al que tienen derecho.

Otro ejemplo es el de las subvenciones a asociaciones de salud mental, unas entidades que gestionan buena parte de la atención a estas personas a través de casas tuteladas, centros de rehabilitación, centros de día o de capacitación laboral. Como apunta el presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Julián Marcelo, nunca se había tardado tanto en pagar las ayudas (básicamente nóminas del personal y otros gastos de funcionamiento). El grueso de las ayudas correspondientes a 2009 no se liquidó hasta el mes de junio en muchas de las entidades, lo que las puso al borde de la desaparición.

El área de educación tampoco se ha salvado. Los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública (STEPV, CC OO y UGT) han amenazado con una denuncia ante la Fiscalía si el Consell ejecuta su amenaza de recortar los presupuestos en unos 75 millones de euros. Los recortes afectarán, entre otros, a los profesores de apoyo y de refuerzo y a los de formación profesional. La masificación en las aulas alcanzará los 35 alumnos por clase, debido a la negativa de la consejería a enviar más profesores y crear dos grupos por cada clase con un exceso de alumnos.

La falta de dinero es evidente. El mantenimiento de las sedes judiciales, por ejemplo, es mínimo. En la Ciudad de la Justicia de Valencia, no se arreglan averías en los baños, no se reponen pestillos, pasan semanas hasta que un fluorescente o una bombilla que no funcionan son cambiados, los juzgados y la Fiscalía han pasado más de un mes sin reposición de folios, porque el proveedor lleva más de un año de facturas sin cobrar... Los sindicatos denuncian que la Consejería de Justicia deja sin pagar a un proveedor y convoca concurso para ese mismo servicio al que se presenta un proveedor distinto con el que empieza a contraer otra deuda. Se extrañan de que los juzgados no estén llenos de reclamaciones no sólo por el pago pendiente sino por la "estafa" que supone contratar a sabiendo que no vas a poder pagar en el plazo acordado.

Lo más grave y visible es la reducción del personal interino, que desde hace algo más de un año se ha reducido en un 40%, según fuentes sindicales. La mayoría de los servicios (como los refuerzos en los juzgados de Violencia, en los juzgados de Ejecutorias, en los de Mercantil o en la propia Fiscalía) se renovaban cada seis meses. Ahora, se renuevan cada cuatro, dejando dos meses sin cubrir. Ello significa que los juzgados no pueden disponer de los recursos mínimos para funcionar. Hace unos días el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, se quejó públicamente de la situación.

Pero hay otras asistencias que la consejería de Justicia se retrasa en pagar: el turno de oficio, cuyo importe asciende a una veintena de millones de euros anuales, es una de ellas. Ante el coste que supone, la consejería se propone introducir modificaciones que reduzcan el universo con derecho a asistencia gratuita, mientras el Colegio de Abogados se prepara para una nueva reclamación por impago.
(Fuente: Diario El País)

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Moción sobre irregularidades en el Monte Coto

 

A continuación reproducimos la moción presentada el pasado 19 de julio por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algueña para su debate y votación en el próximo Pleno (NOTA: El último Pleno se celebró el 19 de abril, hace ya casi cinco meses). Esta misma moción se presentó también de forma simultanea en el Ayuntamiento de Pinoso donde sí se ha podido debatir en pleno (Ver noticia en los siguientes enlaces Diario Información 16 Julio y Diario Información 21 Julio):


El grupo multinacional de empresas LEVANTINA, con canteras y fábricas de elaboración de mármol en la comarca alicantina del Vinalopó, explota en el Monte Coto de Pinoso, dando vistas a la población de Algueña, la mayor cantera de piedra natural de toda Europa de la variedad “crema marfil”.

           La situación de grave crisis del sector de la piedra que está sufriendo la comarca provocada por el hundimiento de la construcción en toda España y el descenso de las exportaciones no ha impedido que siga funcionando la actividad extractiva en el Monte Coto con destino a la exportación en bruto, sobre todo a China. Así se  está evitando el cierre de canteras que provocaría la casi  total pérdida de puestos de trabajo en el sector.

           Este fenómeno, que en principio podría constituir un mal menor en tiempos de crisis, debe ser analizado con detenimiento pues nos coloca a la cola de los operadores que desempeñan algún papel en el globalizado mercado mundial de la piedra natural, lo que significa que, especializándonos  en la extracción, como ahora está ocurriendo, solo conseguiremos la porción menos importante del valor añadido de esta actividad, lo que nos relegaría a un papel dependiente, propio de los países colonizados, que sería difícil de remontar.

           Por otra parte, siendo el crema marfil un recurso escaso que se extrae de un monte público, renunciar a un mayor valor añadido hoy significa dejar de velar por el interés general e hipotecar el futuro. Es por tanto el Ayuntamiento de Pinoso, propietario del monte Coto, el que tiene toda la responsabilidad para evitar la pérdida de oportunidades en este sentido, especialmente en época de crisis. Instrumentos no le faltan pues la mayoría de contratos de explotación están próximos a su vencimiento y, con independencia de la calificación jurídica que estos tengan siempre le son de aplicación, al menos, los principios de la Ley de Contratos del Sector Público de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, así como la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

           No hay que olvidar tampoco que la extracción de la piedra tiene, en  la mayoría de ocasiones, unos efectos medioambientales y de agresión al territorio y al paisaje y unos costes externos que sufren sobre todo los ciudadanos que habitan cerca de las canteras, que es preciso conseguir que internalicen las empresas extractoras mediante las correspondientes compensaciones y la restauración del medio natural afectado.            

           Junto a estas consideraciones, es necesario que los Ayuntamientos dejen ya de mirar hacia otro lado haciendo creer que ignoran  que desde hace algún tiempo el Grupo Levantina esté extrayendo del Monte Coto mas piedra crema marfil de la que se vende en bruto o elabora en sus propias factorías. Los excedentes de estas empresa, a todas luces por encima de los lógicos stocks para garantizar la seguridad en el suministro, han hecho saltar las alarmas, pero especialmente porque de un tiempo a esta parte muchos de los bloques de piedra almacenados están siendo enterrados  en los terrenos de su propiedad en el término municipal de Algueña,  ignorándose la finalidad de esta actuación,  que no es  práctica  habitual  en el sector, por lo que debería exigirse mayor transparencia.

           No deberían preocupar estas conductas si no fuera porque tienen unas consecuencias concretas en los ingresos de los Ayuntamientos de Pinoso y Algueña, que no cobran si el bloque de mármol no es pesado en la báscula situada en la carretera de salida, y porque al tratarse de un recurso escaso de un monte público es de interés social conocer e influir sobre el destino del producto y las consecuencias económicas para la economía de la comarca. Además, no debe dejar de analizarse si las prácticas de  enterrar el mármol extraído pudieran exceder la pura estrategia comercial de las empresas y fuera a afectar, de hecho estaría afectando ya, a los Ayuntamientos, que incurrirían en complicidad, por otra parte, si no investigaran o denunciaran tales atípicos comportamientos. En cualquier caso, al tratarse de un recurso natural escaso de carácter público no se deben escatimar esfuerzos para exigir una  mayor transparencia en las actuaciones de las empresas.

           Los contratos del Ayuntamiento de Pinoso para la explotación de parcelas en el Monte Coto establecen un canon por metro cúbico de piedra extraída que deben pagar las empresas concesionarias o contratistas. El hecho de que ese canon se pague después de que se haya pesado el bloque en báscula es tan solo una cuestión instrumental. Extraer bloques y no pesarlos, y sobre todo enterrarlos sin haberlos declarado previamente, puede ser una ilegítima práctica especialmente si lo que se pretende es evitar el control del material extraído. Estos hechos deben estudiarse por si constituyen infracciones a las condiciones de la concesión o contrato para ser sancionados y por  si pueden ser causas de rescisión de la propia concesión o contrato.

                                                           SE REQUIERE:

           1ª. Que los  Ayuntamientos de Pinoso y Algueña adopten las medidas necesarias para percibir los ingresos económicos por la piedra que se está extrayendo en concordancia con los contratos y acuerdos establecidos con las empresas extractoras, y para garantizar estos ingresos en el futuro. Para ello será preciso evitar y/o controlar estrictamente prácticas poco transparentes como el enterramiento de bloques fuera del ámbito territorial de la concesión o parcela asignada para su explotación y garantizar la concurrencia y transparencia en la contratación de la explotación de las parcelas del Monte Coto al finalizar el plazo de los actuales contratos.

           2ª. Que el Ayuntamiento de Pinoso  investigue los hechos expuestos y estudie  si constituyen infracción a las condiciones de la actual concesión o contrato para ser sancionados, y por  si pueden ser causas de rescisión de la propia concesión o contrato, en cuyo caso debe obrar en consecuencia.

           3ª. Que los  Ayuntamientos de Pinoso y Algueña  adopten medidas inmediatas para evitar la  no contabilización de los bloques extraídos, exigiendo  el pago de los cánones o compensaciones pactadas. Cualquier medida debe adoptarse con carácter general para todas las empresas, especialmente si afecta a la cuantía o condiciones de pago del canon concesional, debiendo garantizar la necesaria transparencia en concordancia con los bienes públicos que se están administrando.

           4ª. Que los Ayuntamientos de la comarca insten de las Administraciones Públicas competentes, coadyuvando con las iniciativas de las asociaciones empresariales del sector, la regulación de una Denominación de Origen o marca para el “crema marfil” exigiendo en las mismas que un alto porcentaje del material extraído deba elaborarse en factorías de la comarca. Entre tanto deben introducirse, en la medida de lo posible, clausulas contractuales en la extracción de El Coto y otros montes públicos para garantizar este objetivo. Ello debe tenerse en cuenta necesariamente en los nuevos contratos que se establezcan.

           5ª. Es preciso un mayor control de la extracción a efectos de evitar el expolio del recurso natural y la pérdida de ingresos que significan las prácticas de calificar como despuntes, a pie de cantera,  material extraído que de manera subjetiva la empresa considera que no  tiene calidad suficiente.

           6ª. La situación de crisis económica no debe hacernos bajar la guardia en la adopción de medidas para minorar los perjuicios que el conjunto de la actividad minera y de triturado causa especialmente a los habitantes de Algueña y otras poblaciones, por lo que debe instarse a las Administraciones competentes a que se vigile el ruido y las emisiones de polvo y no se olvide la obligación de restaurar el medio natural afectado, exigiendo además a la Generalitat la urgente ejecución de la circunvalación de Algueña y otras mejoras mejoras previstas en la carretera CV-840.