Hace unos días, el gobierno central del PP nos "castigaba" con una una nueva ley que, a la vista de lo aprobado, demuestra a las claras que este gobierno busca aniquilar las bases del estado de derecho y sus enunciados más elementales, aprovechando la excusa de la crisis para ello. Y no exageramos, como veremos seguidamente. Con la entrada de esta ley en vigor, los ciudadanos tendremos que pagar tasas judiciales para poder interponer demandas y, de manera desproporcionada, también lo haremos para plantear recursos.
El acceso de todas las personas a la Justicia, al margen de la economía de cada cual, debería ser una de las premisas básicas que, nunca y bajo ningún concepto debería ser cambiado, pues de lo contrario estaríamos contribuyendo a que haya una justicia para pobres (o, como parece que quieren que sea, sencillamente que no la tengan), y otra para ricos.
La gratuidad al acceso a la justicia fue una de los mayores logros del proyecto socialista durante el gobierno de Felipe González, quien derogó las leyes franquistas de tasas judiciales instaurando la gratuidad en 1986 (Ley 25/1986), garantizando que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a los servicios judiciales con independencia de su situación económica o social.
Así pues, el PP ha devuelto a la vida una ley franquista, que prima el dinero para poder tener acceso a la justicia, y que genera una desigualdad social sin precedentes en la democracia. Este retroceso, a nuestro entender, va más allá de los recortes, pues es una clara muestra ideológica de lo que opinan los populares de la justicia, lanzándonos un mensaje muy claro: Justicia solo para quien se la pueda pagar; para el resto resignación e injusticia.
Es por ese motivo que el pasado miércoles 5 de diciembre el Grupo Municipal Socialista presentaba en el registro del Ayuntamiento de Algueña una nueva moción para su debate en el próximo pleno, con la intención de que los representantes políticos de nuestro pueblo de forma contundente muestren un rechazo unánime a esta decisión retrógrada e injusta.
He aquí el texto de la moción presentada:
Mari Trini Amorós
Pacheco, portavoz del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Algueña, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta la siguiente moción al Pleno para su debate y aprobación.
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALGUEÑA PARA DEROGAR
LA NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- El
pasado 21 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la
nueva Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012), una norma aprobada por el Gobierno
de Rajoy, tramitada con carácter de urgencia ante las Cortes Generales y que
salió adelante la jornada de huelga general del 14 de noviembre en el Senado
con los votos en solitario del PP. La nueva ley extiende por primera vez el
pago de las tasas judiciales a toda la población, y su contenido constituye una
muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de
los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo
de los derechos fundamentales.
II.- En
el año 1986, el Gobierno del PSOE aprobó la Ley 25/1986 por la que se suprimían
las tasas judiciales para facilitar que todos los ciudadanos pudieran recurrir
a la justicia, cualquiera que fuera su situación económica o su posición
social. Así se mantuvo hasta 2002, año en el que el Gobierno del Partido
Popular (Ley 53/2002) introdujo la tasa para las empresas con volumen de
negocio superior a ocho millones de euros al año. El Tribunal Constitucional en
una sentencia de febrero de 2012 consideró constitucional esta modificación al
tiempo que dejó claro que la cuantía de las tasas no debía impedir u
obstaculizar el acceso a la justicia. Eso es precisamente lo que consigue ahora
la nueva ley aprobada por el Gobierno al elevar de forma desmesurada su cuantía
y extender su aplicación a todas las personas físicas, a todos los ciudadanos.
A
partir de ahora, pagarán todas las empresas y cualquier ciudadano que presente
una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa
(contra la Administración) o social (pleitos laborales). Pagará en primera
instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir.
III-
Esta nueva ley vulnera la tutela judicial efectiva. Las tasas judiciales que
establece el Gobierno son tan desproporcionadas e inalcanzables económicamente
para un significativo porcentaje de población que supone, de facto,
obstaculizar que la mayoría de los ciudadanos puedan acudir a la Justicia, en
defensa de sus intereses y derechos. Unas tasas tan elevadas resultarán también
disuasorias, porque, en algunos casos, son superiores a la cuantía del pleito,
es decir, a lo que se obtendría en caso de ganar el juicio.
Pero
por encima de todo, la nueva medida del Gobierno de Rajoy rompe el principio de
igualdad. Ahora sólo podrán acceder a la justicia quien tenga dinero. El propio
Consejo General de la Abogacía ha reconocido que esta ley “consagra una
justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un
gran número de ciudadanos”.
IV.-
Entendemos relevante plasmar en esta moción algunos casos prácticos para ser
conscientes de la injusticia manifiesta de esta Ley.
a) Unos
padres -un caso real- reclamaron 600.000 euros de indemnización después de que
su hija sufriera graves daños cerebrales por una negligencia médica en el
parto. Los padres tuvieron que llegar al Supremo para que les diera la razón
(sentencia del 23 diciembre de 2002). No tuvieron que pagar. Hoy tendrían que
pagar 11.300 euros.
b) Un
ocupante de un vehículo se queda tetrapléjico en un accidente y reclama a las
compañías aseguradoras 1,3 millones de euros. Interponer una demanda le cuesta
6.050 euros; si tiene que recurrir en apelación, otros 6.550, y si tuviese que
llegar al Tribunal Supremo 6.950 euros. En total 19.550 euros.
c) Un
jubilado que demande por vía civil a un banco para recuperar unos ahorros de
100.000 euros, tendrá que pagar un mínimo de 800 y un máximo de 3.800 euros
para que se estudie su caso, dependiendo de si llega al Tribunal Supremo o no.
d) Una
multa de tráfico con un importe de 100 euros costará una tasa de 200 euros si
se recurre en primera instancia y de 800 euros si se hace en segunda. De igual
forma, un trabajador que quiera recurrir un despido o reclamar a una empresa
una cantidad económica, si recurre en segunda instancia deberá abonar 500
euros.
En
definitiva, con la nueva Ley de Tasas Judiciales aprobada por el PP, al ciudadano
le va a costar mucho dinero defender sus derechos ante la Justicia.
Por lo
anteriormente expuesto, y de acuerdo con los apartados l y 2 del artículo 97
del ROF, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Corporativo la adopción
del siguiente ACUERDO:
-
Exigir
al Gobierno que adopte urgentemente las medidas necesarias para derogar la
nueva Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, y a garantizar que nadie vea limitado su
derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa
judicial.
En Algueña,
a 5 de diciembre de 2012
He aquí una tabla con las nuevas tasas, en las que se observa la subida brutal en casi todos los procedimientos judiciales, o la creación de una nueva donde antes no se pagaba nada:
Pero aquí abajo, algunos ejemplos más sencillos de entender y bastante usuales, como son en el caso de multas de tráfico, que también se han mencionado en la moción:
A la vista de estos ejemplos en concreto, ¿tiene sentido recurrir una multa leve, por ejemplo, si ya sólo tramitarla nos va a costar el doble del importe de la misma?
Recordemos que este dinero no lo recuperará el afectado aunque la justicia le dé la razón.
Algún ejemplo más: Un trabajador que recurra un despido improcedente tendrá que pagar 500 euros en tasas. Si los tribunales no le den la razón hasta la última instancia, deberá abonar 1.250 euros por los recursos. ¿No presumía el PP diciendo que era "el partido de los trabajadores? Si no teníamos ya bastante con la reforma laboral que han impuesto, y que está provocando la subida totalmente descontrolada del desempleo, el Partido Popular sigue machacando a los trabajadores de este país con esta nueva tasa.
Más ejemplos en este enlace: Las nuevas tasas judiciales de Gallardón: casos prácticos que antes eran gratis y ahora deben pagarse.
Esta imposición de tasas no sólo está recibiendo la crítica de los partidos de la oposición y la ciudadanía en general, si no que también cuenta con el rechazo absoluto de jueces, fiscales y abogados:
PROTESTA | Denuncian la 'privatización' de la Justicia
Abogados, sindicatos y consumidores se unen contra la reforma de Gallardón
- Justicia Para Todos denuncia que las medidas son inconstitucionales
- El Consejo General de la Abogacía Española forma parte de la plataforma
- También UGT, CCOO, USO, STAJ, CSI-F y el Consejo de Consumidores y Usuarios
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/05/espana/1354712602.html
Bueno, otros impuestos que nos suben, y?
ResponderEliminarA los españoles nos importa un comino que nos mientan y que nos acribillen a subidas de impuestos. Y menos que volvamos a tiempos pasados. Eso si, que no nos toquen el fútbol....
COÑO, ESPAÑA, DESPIERTA!!!!