La Fuente Municipal cerrada por avería

 

Pocos días después de denunciar en este Blog la grave situación planteada con el agua de la planta potabilizadora desde hace semanas, dicho problema se ha subsanado parcialmente con la colocación de un cartel avisando de la avería.

 

Lo ocurrido desde que publicamos la noticia nos ha generado muchos interrogantes:

¿Por qué no se ha informado antes de la avería?

¿Lo habrían hecho si desde la Agrupación Municipal Socialista no lo hubiéramos denunciado antes?

¿Llevamos semanas bebiendo agua que no reúne todas las condiciones para su consumo?

¿Mantenían la fuente abierta sólo con fines recaudatorios?

 

Es un hecho que desde el Equipo de Gobierno se ha gestionado pésimamente un tema tan delicado como éste.

 

Cartel colocado esta semana tras la denuncia pública en este Blog. Fuente: propia.

¿Está la Fuente Municipal de Algueña averiada?

Desde hace aproximadamente un mes todos los habitantes de Algueña que nos abastecemos para beber de agua de la Planta Potabilizadora (más conocida para todos como Fuente Municipal), estamos notando que tiene un sabor desagradable y con un alto contenido de cloro. Es, como parece ser, agua corriente como la que sale del grifo de nuestras casas, sin filtrar.

 

La explicación "parece" ser que es que está averiada; y decimos “parece” porque en todo este tiempo el Ayuntamiento no ha puesto ningún cartel explicativo para informar a los usuarios de lo que sucede, y que al mismo tiempo sirva para tranquilizarnos respecto a que el agua que bebemos es totalmente potable y segura. Así que cuando vamos a por agua, a pesar de la evidente merma de calidad en la misma, seguimos teniendo que insertar la tarjeta y pagándola, lo cual no deja de ser un fraude con todas las de la ley, pues para beber agua de pésima calidad, ya tenemos el agua del grifo de casa. Lo más grave, además, es que debido a esa falta de información, para saber si la planta potabilizadora funciona correctamente o no, la única forma es ir a sacar agua (con el correspondiente desembolso que ello supone).

 

Desde la Agrupación Municipal Socialista queremos resaltar la importancia del asunto, sobre el cual, además, no podemos pedir más explicaciones pues, como venimos denunciando una y otra vez desde este Blog, hace más de seis meses que no se convoca un pleno ordinario en Algueña.

 

Otra prueba más de la opacidad, desidia y falta de información a la que nos tiene acostumbrados el actual equipo de gobierno a todos los ciudadanos respecto a este y otros tantos temas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual de la Fuente Municipal. Fuente: propia

 

 

A vueltas con las zonas ajardinadas del Carrer Ample

A pesar de la noticia publicada en este blog el pasado 5 de octubre (Ver Abandono y dejadez en las zonas ajardinadas del Carrer Ample), la actual corporación ha hecho oidos sordos a nuestro aviso y el estado de la vegetación del Carrer Ample sigue siendo deplorable.

 

De hecho, a pesar de que ha terminado la renovación de la acera, siguen estando las raíces cortadas, secas y al descubierto, en un evidente estado de abandono. Desde la Agrupación Municipal Socialista insistimos en la necesidad de que mientras continúen las obras y hasta su definitivo arreglo, se cuide y mantenga la vegetación que se ha conservado.

 

Para ilustrar la noticia acompañamos fotografías del estado actual y volvemos a hacer una llamada a los responsables municipales para que atiendan como corresponde el estado de tan emblemática calle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Partido Popular incumple una y otra vez la convocatoria de Plenos

 

Se han superado los cinco meses desde que en el Ayuntamiento de nuestra localidad no se celebra un Pleno, ni ordinario ni extraordinario. De hecho hace casi seis meses que el equipo de gobierno (¿?) no se somete a una sesión plenaria. La última vez fue el 19 de abril, y desde entonces, pese a que se han presentado por parte del Grupo Socialista mociones sobre varios asuntos (véase Moción sobre irregularidades en el Monte Coto y Moción de apoyo a las Sociedades Musicales), nada de nada. Por desgracia, esta situación no es nueva, y ya fue denunciada por nuestro grupo municipal en el periódico Canfali El Semanal en mayo de 2008. A continuación reproducimos nuevamente parte de ese escrito por considerarlo plenamente de actualidad:

 

“La asistencia a las reuniones plenarias constituye uno de los derechos y deberes fundamentales de los miembros de la Corporación, y la no celebración de los mismos impide la participación de los concejales de la oposición en los asuntos propios del Ayuntamiento, puesto que es en estas sesiones donde, a través de los ruegos y preguntas, puede la oposición intervenir en la gestión municipal trasladando sus quejas, sugerencias y demás demandas (y el de los vecinos que representan) al equipo de Gobierno Municipal.

No se trata tan sólo de una denuncia política, pues según consta en el acta de la primera sesión plenaria de esta legislatura (de carácter extraordinario), con fecha 5 de julio de 2007, se acuerda por unanimidad: “Celebrar sesión ordinaria con carácter trimestral, los meses de julio, octubre, enero y abril, los martes de la primera semana del mes.”

Es decir, un total de cuatro al año. Y todo ello de acorde con lo marcado por el artículo 46.2 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Así pues, nos encontramos no sólo ante un incumplimiento de lo acordado en sesión plenaria, si no también ante un quebrantamiento de la propia ley.”

En aquel momento, el Partido Popular respondió a estas palabras con su propio escrito en el que afirmaban que durante el gobierno socialista se dio idéntica circunstancia, y que no entendía que el PSOE “serpenteara por el siempre embarrado camino de la demagogia, el insulto y la descalificación” (literal), a lo que el Grupo Socialista no tuvo más remedio que responder con otro escrito para poner la verdad sobre la mesa y dejar en evidencia las mentiras vertidas por el Partido Popular:

 

“En contestación al escrito del PP aparecido en el Canfali con fecha 23 de mayo, nos vemos obligados a hacer las siguientes aclaraciones y preguntas:

    1º. El Partido Popular, sencillamente miente cuando en dos ocasiones afirma que, y citamos textualmente: “durante la legislatura del gobierno socialista (...) se produjo un lapso de más de medio año en el que no se celebró ningún pleno municipal” y “entre julio del 2006 y febrero del 2007, el anterior equipo de gobierno socialista no convocó ningún pleno,” pues, como se puede comprobar con las correspondientes actas, se desarrollaron los siguientes plenos: 

                - 24 de julio de 2006: pleno ordinario (4 preguntas del PP).

                - 5 de septiembre de 2006: pleno extraordinario (0 preguntas del PP).

                - 5 de diciembre de 2006: pleno extraordinario (0 preguntas del PP).

                - 16 de enero de 2007: pleno extraordinario (0 preguntas del PP).

                - 1 de febrero de 2007: pleno ordinario (7 preguntas del PP).

    En esos cinco plenos, la hoy Alcaldesa y su equipo sólo realizaron ruegos y preguntas en dos de ellos. Es decir, que, contrariamente a lo que afirman, sí hubo plenos, pero no hicieron uso de ellos, pues en nuestro primer acuerdo plenario de la legislatura 2003-2007, se aprobó (como consta en acta) que en los plenos extraordinarios que se realizaran durante esa legislatura, la oposición podría realizar los ruegos y preguntas que tuviera a bien. En esta legislatura actual, la del PP, ni siquiera se nos ha ofrecido esa oportunidad. Nuestra voz, la de los ciudadanos a los que representamos, en todo un año sólo se ha podido escuchar en un pleno ordinario.

    2º. ¿Qué es para el PP “estar en la oposición”? Se sorprenden de que, sencillamente, hagamos la labor que tenemos asignada, la que los vecinos nos han otorgado, y que consiste, entre otras tareas, en preocuparnos por su funcionamiento. Y eso se hace a través de los Plenos; y si no se convocan, lo mínimo que podemos hacer es denunciar públicamente ese hecho. Que el PP se “sorprenda y se pregunte” (como dice) por ello, significa a nuestro entender, o una muestra de su gran desconocimiento sobre el tema, o un desprecio al funcionamiento de las instituciones democráticas. Lo que ocurre es que el PP esperaba que nuestra labor de oposición consistiese en lo mismo que fue la suya; es decir, en despreocuparse de todo lo que pase (o no pasase) dentro del Ayuntamiento. Y ahí está, para corroborarlo, el número de preguntas que hicieron en ese tiempo arriba detallado.

    3º. Ya es la segunda vez (la primera fue en el retraso en la venta de parcelas del Polígono) que en el PP, en vez de asumir sus errores públicamente, prefieren echar la culpa a lo que llaman “impedimentos y obstáculos administrativos derivados de la limitación de recursos”. ¿Por qué se escudan en ellos? Somos conscientes que el volumen de trabajo que soportan los trabajadores del Ayuntamiento es grande. Pero nunca se han negado a realizar una tarea encomendada por un representante municipal. No creemos justo que les utilicen como excusa.”

El PP, por supuesto, ya no respondió a nuestro escrito. Esperaremos esta vez, a ver con qué excusas intentan justificar lo injustificable: la no celebración de Plenos Ordinarios incumpliendo la Ley y lo acordado en sesión plenaria.

 

Abandono y dejadez en las zonas ajardinadas del Carrer Ample

 

Desde hace un par de semanas se está llevando a cabo la renovación de una de las aceras del Carrer Ample. Dichas obras, que cambian por completo el aspecto que presentaban anteriormente, han obligado no sólo a arrancar el seto que las bordeaba, si no que también, en determinadas zonas, se han eliminado algunos cipreses y otros arbustos.

 

Al margen de la cuestionable necesidad de realizar estos arranques, viendo las fotos que acompañamos se puede observar que las raíces de casi todas las plantas y árboles que permanecen han sido cortadas y dejadas completamente al descubierto. Desde la Agrupación Socialista de Algueña entendemos que hasta la finalización de las obras y su definitivo arreglo, la vegetación que no se ha arrancado debería cuidarse. Para ello bastaría con que se taparan con un poco de tierra para evitar que se sequen, y que de vez en cuando se les echara algo de agua, dado los días anormalmente calurosos que hemos pasado. De lo contrario, pocas plantas podrán sobrevivir. De hecho, muchas ramas ya empiezan a mostrarse secas, e incluso algunas plantas apenas se mantienen verticales, debido a toda la tierra que se les ha retirado alrededor.

 

Desde aquí hacemos un llamamiento para que los responsables municipales visiten más a menudo las obras y solucionen rápidamente esta dejadez, con el fin de poder conservar el Carrer Ample con el envidiable aspecto que siempre ha presentado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más vale tarde que nunca

Casualidad o no, el caso es que hace menos de una semana que denunciábamos públicamente el grave incumplimiento que se estaba llevando a cabo en las obras de la nueva Guardería Infantil de Algueña. Y en ese periodo de tiempo, quien sabe si después de leerlo aquí, el Equipo de Gobierno ha corregido su enésima metedura de pata tal y como atestigua la foto que acompaña a este artículo (NOTA: obsérvese con que estabilidad y precisión se encuentra sujeta la pata izquierda del cartel). 

 

Recordemos, que a pesar de estar las obras iniciadas desde hace tiempo, todavía no se había colocado el cartel anunciador del segundo Plan E, que según la normativa que lo regula debe estar situado en un lugar visible desde el inicio de las obras hasta tres meses después de la fecha del acta de recepción de las mismas. El incumplimiento anterior es causa de reintegro de los fondos concedidos.

 

Lo más preocupante, es que con los antecedentes del Equipo de Gobierno durante esta legislatura, es muy difícil evitar pensar que no se hizo antes porque lo desconocían o porque se habían olvidado (o ambas cosas). De todas formas, ahora ya sí, podremos respirar más tranquilos y esperar que a no mucho tardar podamos disfrutar de la nueva Guardería Infantil, la cual hay que recordar que está financiada al 100% con el segundo Plan E del Gobierno Central. Eso sí, siempre y cuando no incumplan otros requisitos de la ayuda concedida.

 

Por último, lamentamos que no actúen con la misma celeridad para corregir el incumplimiento ante la Sindicatura de Comptes que denunciamos en julio (Véase Incumplimiento ante la Sindicatura de Comptes), ya que, actualmente, nuestro Ayuntamiento sigue apareciendo como incumplidor sin causa justificada de la obligación de presentar la Cuenta General del 2008.

Fotografía del cartel tomada el pasado viernes 1. Fuente: propia.

El segundo PlanE y su normativa en la nueva Guardería Municipal

 

Como casi todos sabréis, el Gobierno Central, a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto Ley 13/2009 (más conocido como el segundo Plan E), concedió una ayuda de 168.756,00 euros para la construcción de la nueva Guardería Infantil de Algueña. Este importe se aprobó por resolución de 22 de febrero de 2010 y cubrirá el 100% de los gastos.

 

El proyecto prevé la rehabilitación de tres de las seis antiguas viviendas de los maestros para convertirlas en un centro educativo infantil que dispondrá de varias aulas, despachos, cocina y un gran comedor.

 

La fecha límite de ejecución de las obras es el 31 de diciembre de 2010, pudiendo prorrogarse un máximo de 6 meses y, según la adjudicación que tuvo lugar el pasado 7 de junio, la empresa encargada de su realización será Construcciones Pajobi, S.L.

 

Pero además de dar toda la anterior información sobre la naturaleza de la ayuda, lo que más nos ha sorprendido (aunque cada vez menos), es que el equipo de Gobierno del Partido Popular vuelva a bordear la ilegalidad al incumplir con lo establecido en la normas de desarrollo del citado segundo Plan E. En concreto, en el artículo 8 de la Resolución de 2 de noviembre de 2009 se dice que:

“1. En los proyectos de obras financiados con cargo al Fondo deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyenda «Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local –Gobierno de España» desde el inicio de las obras hasta tres meses después de la fecha del acta de recepción de las mismas.

(…)

5. El incumplimiento de la obligación a la que se refiere el número 1 del presente apartado será causa de reintegro de los recursos recibidos con cargo al Fondo, de acuerdo con lo previsto en el real decreto-ley.”

 

¿A qué se refiere dicho artículo? Muy fácil, si no existe el cartel anunciador del Plan E es posible que el Ayuntamiento tenga que devolver o simplemente deje de recibir la ayuda de 168.756,00 euros, y que por tanto, tengamos que pagar la obra de nuestros bolsillos. Solamente podemos esperar que no sea el caso, ya que con independencia de que se considere más o menos útil dicho cartel, cuando se solicita una ayuda hay que someterse a la norma que la regula, no habiendo excusas para su incumplimiento.

 

Como muestra de este “olvido”, a continuación os dejamos algunas fotografías de la obra realizadas el día 20 de septiembre (hacer clic sobre las fotos para ampliar).

 

 

 

 

 

 

 

 Estado actual de las obras. Fuente: propia                                                                 

Recortan fondos de agricultores y pescadores para pagar la visita del Papa

 

En pleno mes de agosto (en concreto el 16 de agosto), con nocturnidad y alevosía, la Generalitat publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana un baile de las partidas presupuestarias del 2010 que dejó varios beneficiarios y damnificados. Las numerosas modificaciones presupuestarias que se aprobaron suman un importe de algo más de 400 millones de euros. 

¿Y qué tienen estas modificaciones de particular? Pues revisándolo con un poco de detenimiento se puede descubrir hasta que punto llega la hipocresía del gobierno de Camps. Y es que en una de esas modificaciones se conceden dos millones de euros más a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, organizadora de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 (y que está siendo investigada dentro de la trama Gürtel) y, al mismo tiempo (y como reverso oscuro), se produce una disminución de los fondos destinados a los pescadores y agricultores valencianos. En concreto, una disminución de dos millones de euros del programa de "Ordenación y mejora de la producción pesquera", que queda reducido a únicamente 300.000 euros. Y un recorte de cinco millones en la partida destinada a mejorar las oficinas comarcales de la Consejería de Agricultura.

La decisión del Gobierno de Francisco Camps, como no puede ser de otra forma, ha generado malestar en ambos sectores, que no viven precisamente sus mejores días.  Según la Unió de Llauradors "este es un hecho que demuestra la nula implicación y la falta de compromiso de cara a los agricultores y ganaderos valencianos por parte del Consell" y remarca que "el sector primario aún está pendiente del cobro de ayudas y atraviesa una gran crisis de rentabilidad sin que la Administración agraria valenciana establezca políticas y medidas correctores".

Y es que parece que es más importante atender a las inmensas deudas generadas por la visita del Papa y por las empresas de la trama Gürtel que dar una atención adecuada a nuestros agricultores y pescadores. Por tanto, estas modificaciones presupuestarias son otra prueba más de los graves problemas de liquidez del Consell y de su falta de sensibilidad social (como ya se puso de manifiesto en el artículo La Generalitat Valenciana al borde del colapso).

La cuota mensual de la Guarderia Municipal aumenta más de un 60%

 

De 48 € a 80 € de una sola vez. Esa es la subida con la que el Ayuntamiento de Algueña ha sorprendido, nada más terminar el verano y empezar el curso escolar, a los padres y madres de Algueña que han llevado a sus hijos a la Guardería Municipal. De poco importa que algunos de ellos, lamentablemente, estén en el paro; o que otros, precisamente para poder trabajar, necesiten dejar a sus pequeños al cuidado de los profesionales de la guardería. Nos dirán que es un servicio que en un pueblo pequeño como éste cuesta mucho de mantener y que con esa importante subida el déficit que arrastre será menor. Pero por eso precisamente, por ser un servicio público necesario que beneficia al pueblo, esta brutal subida tiene aún menos razón de ser. Desde la Agrupación Socialista de Algueña consideramos que la educación y cuidado de nuestros hijos no puede depender en ningún momento de un asunto de ganancias o pérdidas económicas.

 

Sorprende, además, que esta medida la haya adoptado quien ha sido durante muchos años presidenta del AMPA y ahora concejal de Educación, además de alcaldesa; pero sobre todo, madre, y que por tanto conoce el esfuerzo que acarreará en estos tiempos a cada familia perjudicada esta desmesurada medida.

 

El Partido Popular, en su programa electoral de 2007, decía que “Los niños son el pilar de nuestro progreso”. ¿Es así, con esta espectacular subida, como quieren demostrarnos esa importancia?

 

Además, se va a dar la circunstancia que, gracias al segundo PlanE del Gobierno de España pronto podremos tener una nueva guardería sin ningún coste para el pueblo de Algueña gracias a la aportación del Estado de 168.756 euros. ¿Es casualidad que nuestro Ayuntamiento decida “celebrar” esta importante obra con esta subida en la cuota mensual?

 

La Generalitat Valenciana al borde del colapso

 

Lo que viene a continuación son (tristes) ejemplos de la situación a la que nos ha llevado el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana con su incapacidad para gestionar fondos públicos. Dicha incapacidad ha provocado que se dispare la deuda hasta niveles desconocidos y que existan graves problemas de liquidez para sufragar los gastos corrientes. Leerlo porque no tiene desperdicio.

 

El pasado día 20 de julio, funcionarios de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad recibieron a primera hora de la mañana el aviso de que hicieran copias de seguridad de la tarea que estaban realizando con el ordenador y que lo apagaran. También aparecieron carteles en los ascensores que recomendaban que se usaran las escaleras. Rápidamente, corrió el rumor entre los trabajadores de que Iberdrola iba a cortar la luz por impago. El corte no se produjo y la calma volvió al edificio de siete plantas que aloja, muy cerca del estadio de Mestalla, al consejero, Manuel Cervera, y sus directores generales. Fuentes de la consejería admitieron que ese mismo día hubo una reunión con representantes de la compañía eléctrica.

Una semana antes, el 12 de julio, Iberdrola cortó el suministro a las estaciones de tranvía de Terra Mítica y Benidorm, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Esa empresa acumula deudas de 1.130 millones de euros a proveedores, algo que no es fácil de comprobar porque la opacidad en el funcionamiento de esas empresas es notable.

También la última semana de julio, un operario de una compañía eléctrica se presentó en los juzgados de Llíria con la orden de cortar el suministro. Hubo sofocos, carreras, lamentos, incredulidad y llamadas a la dirección general de Justicia. Finalmente, la consejería, que debe, según los sindicatos, más de un año de facturas de servicios básicos, logró un aplazamiento y los juzgados, de momento, tienen luz. En el nuevo edificio de la Fiscalía en Elche, los propios trabajadores tienen que traer de casa el papel higiénico por falta de presupuesto.

Los problemas de liquidez de la Generalitat se han instalado en la agenda diaria. Así, 160 trabajadores temporales del Instituto Valenciano del Discapacitado (Ivadis), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, no habían cobrado la nómina de junio ni la paga extra. El problema se resolvió después de hacer pública la denuncia, aunque UGT indicó que, además de los trabajadores, a la empresa que se ocupa del catering en el Ivadis se le llegó a adeudar un millón de euros.

El día 23 fue el turno de Ràdio Televisió Valenciana. La última hornada de 70 becarios que entraron hace casi dos meses aún no habían cobrado los 1.000 euros del mes de junio, según denunció CC OO. Este mismo ente acumula una deuda de más de 1.200 millones de euros, obligando a la Generalitat a hacerse cargo de la misma y de sus intereses. Como ejemplo destaca la millonaria deuda que mantiene con la productora de su serie de mayor éxito, L'Alquería Blanca. Y es que, en el periodo 2001-2008, su audiencia cayó un 37% al mismo tiempo que las pérdidas se incrementaban un 83%.

Las tensiones financieras de la Generalitat no son ningún secreto -la publicación de la cuenta general ha revelado que cerró 2009 con un déficit de tesorería de 1.500 millones de euros y más de 2.133 millones pendientes de pago- y afectan a todos los departamentos, aunque quienes pagan el pato son los proveedores, los contratistas, los usuarios y los servicios públicos en general. Los proveedores sufren retrasos de hasta dos años para cobrar de la Administración autonómica. Los contratistas se han quejado en más de una ocasión. A finales de 2009, los promotores reclamaban cerca de 1.000 millones por certificaciones de obra pública. Entre los usuarios, destaca el caso de los padres de alumnos, que tuvieron que hacerse cargo a principio de curso del pago de los gastos de comedor escolar para que después la consejería modificara el régimen de funcionamiento.

La valenciana es una de las administraciones más endeudadas de España. La más endeudada en términos porcentuales respecto al PIB (un 15,1%), y la segunda en cifras absolutas, con 15.356 millones de euros, según el Banco de España. Si el cálculo se hace a partir de los datos de la cuenta general, el retrato es todavía más negro, ya que la Generalitat Valenciana tiene gastos comprometidos que rondan los 30.000 millones de euros.

El gobierno de Francisco Camps y el PP valenciano aprobaron unos presupuestos autonómicos para 2010 de 14.393 millones de euros que, por primera vez, eran superados por la deuda autonómica. El PP presumió de presupuestos sociales con recorte de impuestos, pero se preocupó también de establecer, en la Ley de Acompañamiento, la caja única para poder hacer frente a los problemas de tesorería que venía arrastrando. Sonado fue el caso de los abogados de oficio, que llegaron a hacer manifestaciones para conseguir que la Generalitat les pagara. Las universidades valencianas, que se ven obligadas a recurrir a préstamos para hacer frente a las nóminas, vieron cómo la Consejería de Educación les pagaba los retrasos in extremis el pasado mes de enero. A lo largo de estos últimos meses, la opinión pública ha asistido atónita a la protesta de las sociedades musicales, que no han dudado en sacar a las bandas de música a la calle para protestar por los recortes del 35% en las aportaciones que recibían del Consell (NOTA: el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algueña ha presentado una moción relativa a las sociedades musicales que está pendiente de debatirse en el próximo pleno. Ver texto de la moción).

La Consejería de Sanidad es un ejemplo de los problemas del Gobierno de Camps para hacer frente a los gastos corrientes. Según los cálculos de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que agrupa a medio millar de compañías, la Generalitat tarda en pagar a las empresas que le sirven productos una media de 402 días, muy por encima de la media estatal de 276. Pero, además de pagar tarde, debe mucho más dinero que el resto de las autonomías. Sólo tiene por delante a Andalucía. Muchas empresas han acudido a los tribunales para reclamar a la Administración que liquidara su deuda. Entre los años 2006 y 2009, Sanidad sumó 576 condenas por no haber pagado 193.614 facturas. La cifra total adeudada y que ha tenido que pagar por sentencia firme ascendió en este periodo a 424,8 millones de euros, a los que hay que sumar otros 51,9 en intereses de demora, lo que representa 476,7 millones. Esta cantidad es superior al coste del mega hospital de 1.000 habitaciones individuales que la Generalitat ha construido en el barrio de Malilla de Valencia y que tomará el testigo a partir del mes de octubre a la antigua ciudad sanitaria La Fe. Un mega hospital que tiene problemas también con el concurso de mobiliario porque no es fácil encontrar a alguien que quiera asumir el coste de un contrato tan grande sin saber cuándo va a cobrar.

Buena parte de estos problemas tienen que ver con el déficit endémico en Sanidad, especialmente grave en la Comunidad Valenciana. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada presentado a finales del año pasado reflejó que la Generalitat fue la responsable entre los años 2003 y 2007 del 25% de toda la deuda estatal del área sanitaria. Los números rojos acumulados por la Administración valenciana durante este periodo (el más reciente del que se dispone de datos) alcanzaban los 2.764 millones de euros frente a la suma de los distintos déficits autonómicos, que ascendió a 10.843 millones. El estudio mostró cómo la Generalitat había incurrido en un exceso de gasto del 13% respecto a sus presupuestos, el doble de la media española. Las denominadas facturas en el cajón ascendían, según la Sindicatura de Comptes, a 846 millones hasta 2004.

Otra de las parcelas en la que la falta de liquidez persigue a los gestores es la relativa a los servicios sociales. El hecho de que la financiación de la Ley de Dependencia sea compartida por las autonomías y el Gobierno se ha traducido en una ralentización de su puesta en marcha en la Comunidad Valenciana para no tensar más el delicado estado de las cuentas públicas. Distintos indicadores refuerzan esta tesis. La Comunidad Valenciana ha estado siempre por debajo de la media estatal en la tramitación de las solicitudes de este tipo de ayudas. Pero, además, es de las que más tarda en proporcionar las prestaciones una vez reconocido el derecho de las personas a percibirlas. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, mientras ya hay reconocidas 76.828 personas con derecho a recibir ayudas de la Dependencia, solo las perciben de forma efectiva 46.094. Las 30.734 restantes llevan entre tres y seis meses esperando que la Generalitat pague su prestación por cuidados familiares, la ayuda a domicilio o el servicio al que tienen derecho.

Otro ejemplo es el de las subvenciones a asociaciones de salud mental, unas entidades que gestionan buena parte de la atención a estas personas a través de casas tuteladas, centros de rehabilitación, centros de día o de capacitación laboral. Como apunta el presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Julián Marcelo, nunca se había tardado tanto en pagar las ayudas (básicamente nóminas del personal y otros gastos de funcionamiento). El grueso de las ayudas correspondientes a 2009 no se liquidó hasta el mes de junio en muchas de las entidades, lo que las puso al borde de la desaparición.

El área de educación tampoco se ha salvado. Los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública (STEPV, CC OO y UGT) han amenazado con una denuncia ante la Fiscalía si el Consell ejecuta su amenaza de recortar los presupuestos en unos 75 millones de euros. Los recortes afectarán, entre otros, a los profesores de apoyo y de refuerzo y a los de formación profesional. La masificación en las aulas alcanzará los 35 alumnos por clase, debido a la negativa de la consejería a enviar más profesores y crear dos grupos por cada clase con un exceso de alumnos.

La falta de dinero es evidente. El mantenimiento de las sedes judiciales, por ejemplo, es mínimo. En la Ciudad de la Justicia de Valencia, no se arreglan averías en los baños, no se reponen pestillos, pasan semanas hasta que un fluorescente o una bombilla que no funcionan son cambiados, los juzgados y la Fiscalía han pasado más de un mes sin reposición de folios, porque el proveedor lleva más de un año de facturas sin cobrar... Los sindicatos denuncian que la Consejería de Justicia deja sin pagar a un proveedor y convoca concurso para ese mismo servicio al que se presenta un proveedor distinto con el que empieza a contraer otra deuda. Se extrañan de que los juzgados no estén llenos de reclamaciones no sólo por el pago pendiente sino por la "estafa" que supone contratar a sabiendo que no vas a poder pagar en el plazo acordado.

Lo más grave y visible es la reducción del personal interino, que desde hace algo más de un año se ha reducido en un 40%, según fuentes sindicales. La mayoría de los servicios (como los refuerzos en los juzgados de Violencia, en los juzgados de Ejecutorias, en los de Mercantil o en la propia Fiscalía) se renovaban cada seis meses. Ahora, se renuevan cada cuatro, dejando dos meses sin cubrir. Ello significa que los juzgados no pueden disponer de los recursos mínimos para funcionar. Hace unos días el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, se quejó públicamente de la situación.

Pero hay otras asistencias que la consejería de Justicia se retrasa en pagar: el turno de oficio, cuyo importe asciende a una veintena de millones de euros anuales, es una de ellas. Ante el coste que supone, la consejería se propone introducir modificaciones que reduzcan el universo con derecho a asistencia gratuita, mientras el Colegio de Abogados se prepara para una nueva reclamación por impago.

(Fuente: Diario El País)