29.08.20.- El PSOE de Algueña vuelve a sacar a la luz la situación de las escombreras situadas en su término municipal. El motivo de que vuelvan a la actualidad es la resolución recibida en el Ayuntamiento de Algueña (y que afecta a la empresa Levantina de Recursos Mineros S.A.U) sobre la paralización parcial de las labores mineras de vertido de residuos en varias parcelas del término municipal de Algueña.
La paralización, que no es definitiva, deja en evidencia
la gestión del Equipo de Gobierno presidido
por la también Diputada Provincial, Mª del Carmen Jover. “Las empresas que trabajan en el Monte Coto
llevan años que han hecho lo que han querido sin ningún control. El Partido
Popular nunca ha hecho nada para limitar esa actividad ilícita, permitiendo que
las escombreras crecieran hasta donde quisieran las empresas (incluso
enterrando caminos públicos) y, lo que es peor, sin obtener casi nada a cambio
para Algueña.”
Los socialistas denuncian este oscurantismo del Partido Popular indicando que “desde siempre su única respuesta es volver 25 años atrás y hablar del cambio de uso del terreno que el PSOE tramitó en su día, de forma legal y con el apoyo casi unánime del PP, para que se instalaran empresas del sector, pero no para depositar escombros. Eso sí, nunca, nunca dicen nada de las 300 hectáreas que se han enterrado de vertidos en estos 13 años sin autorización ni licencia.”
Desde la oposición, el PSOE lleva años denunciando por RRSS, por prensa y en los mismos Plenos todas estas irregularidades sin haber encontrado respuesta por parte del Partido Popular. Desde 2017 se está tramitando un Plan Especial de forma conjunta con el Ayuntamiento de Pinoso con el que pretenden legalizar esta actividad. “Pero”, indican desde el PSOE, “este Plan Especial es un regalo envenenado para el pueblo ya que recoge la posibilidad de cobrar por los nuevos depósitos de escombros a cambio de que se permita enterrar otro millón de metros cuadrados.”
Insisten desde el PSOE en su preocupación por las dificultades actuales que atraviesan estas empresas y que han derivado en ERES, ERTES, despidos de trabajadores del pueblo y disminución a la mitad de los ingresos del Ayuntamiento. “A pesar de nuestras advertencias, en el Partido Popular no han sido capaces ni de prever la bajada de ingresos ni de evitar el despido de trabajadores”, añaden.
Con estos antecedentes recalcan en el PSOE que, si hubiera alguna sanción económica derivada de estas actuaciones, exigirán que el coste económico no recaiga sobre el pueblo, si no sobre los responsables políticos que lo permitieron.
En cualquier caso, los socialistas esperan que tras este revés administrativo el Equipo de Gobierno modifique su estrategia actual y centre sus esfuerzos en buscar ingresos alternativos a los provenientes de la actividad minera.
