El grupo multinacional de empresas LEVANTINA, con canteras y fábricas de elaboración de mármol en la comarca alicantina del Vinalopó, explota en el Monte Coto de Pinoso, dando vistas a la población de Algueña, la mayor cantera de piedra natural de toda Europa de la variedad “crema marfil”.
La situación de grave crisis del sector de la piedra que está sufriendo la comarca provocada por el hundimiento de la construcción en toda España y el descenso de las exportaciones no ha impedido que siga funcionando la actividad extractiva en el Monte Coto con destino a la exportación en bruto, sobre todo a China. Así se está evitando el cierre de canteras que provocaría la casi total pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Este fenómeno, que en principio podría constituir un mal menor en tiempos de crisis, debe ser analizado con detenimiento pues nos coloca a la cola de los operadores que desempeñan algún papel en el globalizado mercado mundial de la piedra natural, lo que significa que, especializándonos en la extracción, como ahora está ocurriendo, solo conseguiremos la porción menos importante del valor añadido de esta actividad, lo que nos relegaría a un papel dependiente, propio de los países colonizados, que sería difícil de remontar.
Por otra parte, siendo el crema marfil un recurso escaso que se extrae de un monte público, renunciar a un mayor valor añadido hoy significa dejar de velar por el interés general e hipotecar el futuro. Es por tanto el Ayuntamiento de Pinoso, propietario del monte Coto, el que tiene toda la responsabilidad para evitar la pérdida de oportunidades en este sentido, especialmente en época de crisis. Instrumentos no le faltan pues la mayoría de contratos de explotación están próximos a su vencimiento y, con independencia de la calificación jurídica que estos tengan siempre le son de aplicación, al menos, los principios de la Ley de Contratos del Sector Público de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, así como la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
No hay que olvidar tampoco que la extracción de la piedra tiene, en la mayoría de ocasiones, unos efectos medioambientales y de agresión al territorio y al paisaje y unos costes externos que sufren sobre todo los ciudadanos que habitan cerca de las canteras, que es preciso conseguir que internalicen las empresas extractoras mediante las correspondientes compensaciones y la restauración del medio natural afectado.
Junto a estas consideraciones, es necesario que los Ayuntamientos dejen ya de mirar hacia otro lado haciendo creer que ignoran que desde hace algún tiempo el Grupo Levantina esté extrayendo del Monte Coto mas piedra crema marfil de la que se vende en bruto o elabora en sus propias factorías. Los excedentes de estas empresa, a todas luces por encima de los lógicos stocks para garantizar la seguridad en el suministro, han hecho saltar las alarmas, pero especialmente porque de un tiempo a esta parte muchos de los bloques de piedra almacenados están siendo enterrados en los terrenos de su propiedad en el término municipal de Algueña, ignorándose la finalidad de esta actuación, que no es práctica habitual en el sector, por lo que debería exigirse mayor transparencia.
No deberían preocupar estas conductas si no fuera porque tienen unas consecuencias concretas en los ingresos de los Ayuntamientos de Pinoso y Algueña, que no cobran si el bloque de mármol no es pesado en la báscula situada en la carretera de salida, y porque al tratarse de un recurso escaso de un monte público es de interés social conocer e influir sobre el destino del producto y las consecuencias económicas para la economía de la comarca. Además, no debe dejar de analizarse si las prácticas de enterrar el mármol extraído pudieran exceder la pura estrategia comercial de las empresas y fuera a afectar, de hecho estaría afectando ya, a los Ayuntamientos, que incurrirían en complicidad, por otra parte, si no investigaran o denunciaran tales atípicos comportamientos. En cualquier caso, al tratarse de un recurso natural escaso de carácter público no se deben escatimar esfuerzos para exigir una mayor transparencia en las actuaciones de las empresas.
Los contratos del Ayuntamiento de Pinoso para la explotación de parcelas en el Monte Coto establecen un canon por metro cúbico de piedra extraída que deben pagar las empresas concesionarias o contratistas. El hecho de que ese canon se pague después de que se haya pesado el bloque en báscula es tan solo una cuestión instrumental. Extraer bloques y no pesarlos, y sobre todo enterrarlos sin haberlos declarado previamente, puede ser una ilegítima práctica especialmente si lo que se pretende es evitar el control del material extraído. Estos hechos deben estudiarse por si constituyen infracciones a las condiciones de la concesión o contrato para ser sancionados y por si pueden ser causas de rescisión de la propia concesión o contrato.
SE REQUIERE:
1ª. Que los Ayuntamientos de Pinoso y Algueña adopten las medidas necesarias para percibir los ingresos económicos por la piedra que se está extrayendo en concordancia con los contratos y acuerdos establecidos con las empresas extractoras, y para garantizar estos ingresos en el futuro. Para ello será preciso evitar y/o controlar estrictamente prácticas poco transparentes como el enterramiento de bloques fuera del ámbito territorial de la concesión o parcela asignada para su explotación y garantizar la concurrencia y transparencia en la contratación de la explotación de las parcelas del Monte Coto al finalizar el plazo de los actuales contratos.
2ª. Que el Ayuntamiento de Pinoso investigue los hechos expuestos y estudie si constituyen infracción a las condiciones de la actual concesión o contrato para ser sancionados, y por si pueden ser causas de rescisión de la propia concesión o contrato, en cuyo caso debe obrar en consecuencia.
3ª. Que los Ayuntamientos de Pinoso y Algueña adopten medidas inmediatas para evitar la no contabilización de los bloques extraídos, exigiendo el pago de los cánones o compensaciones pactadas. Cualquier medida debe adoptarse con carácter general para todas las empresas, especialmente si afecta a la cuantía o condiciones de pago del canon concesional, debiendo garantizar la necesaria transparencia en concordancia con los bienes públicos que se están administrando.
4ª. Que los Ayuntamientos de la comarca insten de las Administraciones Públicas competentes, coadyuvando con las iniciativas de las asociaciones empresariales del sector, la regulación de una Denominación de Origen o marca para el “crema marfil” exigiendo en las mismas que un alto porcentaje del material extraído deba elaborarse en factorías de la comarca. Entre tanto deben introducirse, en la medida de lo posible, clausulas contractuales en la extracción de El Coto y otros montes públicos para garantizar este objetivo. Ello debe tenerse en cuenta necesariamente en los nuevos contratos que se establezcan.
5ª. Es preciso un mayor control de la extracción a efectos de evitar el expolio del recurso natural y la pérdida de ingresos que significan las prácticas de calificar como despuntes, a pie de cantera, material extraído que de manera subjetiva la empresa considera que no tiene calidad suficiente.
6ª. La situación de crisis económica no debe hacernos bajar la guardia en la adopción de medidas para minorar los perjuicios que el conjunto de la actividad minera y de triturado causa especialmente a los habitantes de Algueña y otras poblaciones, por lo que debe instarse a las Administraciones competentes a que se vigile el ruido y las emisiones de polvo y no se olvide la obligación de restaurar el medio natural afectado, exigiendo además a la Generalitat la urgente ejecución de la circunvalación de Algueña y otras mejoras mejoras previstas en la carretera CV-840.
El equipo de gobierno local del Partido Popular no deja de darnos sorpresas desagradables en su gestión. De la última nos hemos enterado a través de Internet, como no podía ser de otra manera. Y es que según consta en la Web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, a día de hoy nuestro Ayuntamiento consta como incumplidor sin causa justificada de la obligación de presentar la Cuenta General del 2008. 
El pasado jueves 10 de junio tuvo lugar la segunda y (esperamos) última inauguración del nuevo alumbrado público de La Solana.
En el último pleno ordinario celebrado el pasado 19 de abril, el Grupo Municipal Socialista preguntó al Equipo de Gobierno municipal por los criterios utilizados para la contratación de desempleados locales para las obras de la futura Casa de la Música. Esta cuestión es importante ya que cabe recordar que uno de los objetivos que se han marcado con la realización de estas obras públicas (caso del PlanE) es beneficiar al mayor número de afectados por la crisis. 
